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Michiel van der Wolf es psicólogo y abogado. En 2003, realizó sus prácticas de psicología en las unidades de salud mental forense, conocidas como clínicas TBS. En su tesis de doctorado, Michiel van der Wolf exploró los factores históricos que han ocasionado los actuales obstáculos de este sistema. Hoy en día, trabaja como profesor de psiquiatría forense en la Universidad de Leiden y es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Groningen.
En el presente artículo, Michiel aborda el enfoque de los Países Bajos con respecto al tratamiento de las personas con trastornos mentales en conflicto con la ley.
Como lo sugiere la expresión “Going Dutch”, (pagar a escote), en los Países Bajos no se nos reconoce por ser particularmente generosos cuando de dinero se trata. Sin embargo, al contrario de lo que implica la expresión, no somos un país en el que impera la ley de “sálvese quien pueda”, y nos sentimos orgullosos de nuestra larga historia como Estado de bienestar, así como de ser pioneros en materia de inversión y desarrollo de los servicios de salud mental en el ámbito jurídico.
Desde 1928, el derecho penal holandés prevé una única medida de seguridad para la atención de las personas con trastornos mentales en conflicto con la ley que se consideran un peligro para la sociedad: la orden TBS, una medida dictada por un tribunal para internar a la persona en cuestión en una instalación sanitaria, por el periodo que disponga el Estado (‘terbeschikkingstelling’).
A través de su historia, la orden TBS se ha utilizado tanto para las personas penalmente irresponsables como para los delincuentes cuyos trastornos mentales limitan su responsabilidad penal. La TBS ha permitido que muchas personas en conflicto con la ley diagnosticadas con problemas de personalidad sean tratadas en centros de salud mental forense de alta seguridad, junto a otros pacientes graves, por una duración indeterminada. A menudo, se ha argumentado que el hecho de declarar a estas personas como pacientes con desórdenes mentales que tienen una responsabilidad penal limitada obliga al Estado a tomarse en serio su tratamiento.
Como lo ha revelado un reciente estudio de ICPR relativo a las condenas, no es inusual que una persona condenada por homicidio u otro delito violento grave tenga que cumplir una condena relativamente corta, tras la que se emite, inmediatamente después, una orden TBS que puede superar el tiempo de la pena.
Breve historia de la orden TBS
Tras la Segunda Guerra Mundial, un arrebato de humanismo y de fe en la ciencia médica[1] dio lugar a una considerable inversión en el sistema de TBS, y el Ministerio de Justicia comenzó a brindar apoyo financiero a estos centros de salud mental.
“Dame el dinero y curaré a todos los delincuentes” es una célebre frase de aquellos tiempos, atribuida al psiquiatra forense Pieter Baan. En esa época, se construyeron instalaciones nuevas y modernas y se confió al Estado la salud mental de muchas personas en conflicto con la ley. En los años 50, casi 1500 pacientes TBS recibieron tratamiento. Más tarde, en los años 80, este número era inferior a 400 debido a que durante las dos décadas anteriores hubo un cambio de enfoque que favoreció las garantías legales sobre la privación de libertad.
El Ministerio de Salud cubría entonces el 80 % del presupuesto, destinado al tratamiento, y el Ministerio de Justicia asumía el 20 % restante, destinado a la seguridad.
Por aquella época, las instalaciones reservadas a los pacientes TBS recibían a menudo visitantes internacionales, interesados en esta forma única de tratar a los delincuentes con trastornos mentales. Los ingleses parecían tener un interés particular, como lo podemos ver en artículos académicos como: “La muy envidiada orden TBS de los Países Bajos” (the much-envied TBS provision in the Netherlands, de Conor Dugan) o “El sentimiento de que, al otro lado del Mar del Norte, los holandeses hacen mejor las cosas” (the feeling that the Dutch, just accross the North Sea, were doing things so much better, deTony Maden). La idea de brindar tratamiento a delincuentes peligrosos y con trastornos de personalidad fue uno de los principales argumentos que justificaron la creación de las unidades DSPD[2] en Inglaterra. Sin embargo, este sistema nunca podría adoptarse por completo sin importar con él las características correspondientes y únicas del derecho penal holandés.
Del tratamiento a la seguridad: un cambio de enfoque
A finales de los años 80, el endurecimiento de las políticas penales y el número cada vez más alto de pacientes con diversos trastornos mentales y adicciones a las drogas provocaron un aumento de la población TBS, lo que comenzó a plantear problemas de dinero, principalmente por falta de plazas y debido a la mayor duración de los tratamientos.
En 2008, cuando la población TBS alcanzó un máximo de 2100 personas, se introdujo un nuevo modelo de financiación: el Ministerio de Justicia asumiría todos los costos de tratamiento de estos pacientes, incluidos aquellos que se brindaban en las instalaciones de salud mental general (no TBS).
Con la mentalidad de que “el que paga al músico elige la canción”, el objetivo de este sistema era favorecer los traslados de los centros forenses de salud mental hacia instalaciones con menor seguridad. En contrapartida, el ministerio podría pedir que se reforzaran las medidas de seguridad de las instalaciones de salud mental general. Este último aspecto surgió tras varios casos graves de reincidencia, que provocaron la introducción de nuevas normas de seguridad en la ejecución de las órdenes TBS. La duración media del tratamiento en régimen de internamiento se extendió entonces a más de diez años, lo que hizo que las personas se negaran cada vez más a realizar evaluaciones psicológicas ─necesarias para que los tribunales emitan una orden TBS─, a menudo, aconsejados por sus abogados. La medida también perdió popularidad entre los jueces, que se veían obligados a imponer la orden.
Diez años después, en 2018, la población TBS pasó a 1300 personas.
El cambio que se observó en la política aplicada a los pacientes TBS permitía identificarlos más fácilmente, por lo que tenían que cargar con el doble estigma de “enfermos mentales y peligrosos”. Esto podría explicar la reticencia de los centros de salud generales para brindarles tratamiento. En realidad, la frontera entre el tratamiento dentro del ámbito jurídico y el tratamiento general parece haberse desplazado en lugar de desaparecer como lo pretendía este cambio de política.
Reevaluar las prioridades
En 2019, la ley de atención forense (Forensic Care Act) codificó el modelo introducido en 2008. La población TBS está de nuevo en aumento, y el presupuesto, bajo fuerte presión. Las instalaciones reservadas para los pacientes TBS han interpuesto demandas legales contra el Ministerio de Justicia, que ha retirado progresivamente la ayuda financiera. El ámbito académico insiste en que el Ministerio de Salud debería hacerse cargo de nuevo del presupuesto, ya que, si los servicios TBS continúan bajo la responsabilidad de la Justicia, sufrirán nuevos recortes.
En una nación de comerciantes y contables, el dinero verdaderamente importa, incluso cuando se trata de salud mental forense. Si en realidad nos preocupamos por este asunto, deberíamos comenzar a compartir los gastos relativos a los servicios TBS; si dividiéramos el presupuesto entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud podríamos brindar a las personas en conflicto con la ley atención y tratamiento adecuados, y la sociedad obtendría, a un precio justo, la protección que necesita.
Traducido por Diana Girón
[1] Una reacción a los horrores de la guerra y al progreso en de la psiquiatría, de la medicación psicotrópica y las terapias de grupo.
[2] Dangerous and Severe Personality Disorder units. Estas unidades se instauraron en las prisiones y los hospitales de máxima seguridad desde 2005, aproximadamente.