Condenas impuestas

Read this page in English, French, Portuguese


Todos los países recurren al encarcelamiento para castigar ciertas formas de comportamiento ilegal. Sin embargo, de un país a otro, los tipos de comportamiento que se consideran merecedores de una pena de prisión (en lugar de una pena alternativa) difieren considerablemente, al igual que la duración de la pena impuesta. 

En las últimas décadas, se ha observado una marcada tendencia al endurecimiento de las penas, lo que se traduce en un recurso más frecuente a la prisión, y por periodos más prolongados. De manera evidente, este endurecimiento ha aumentado las tasas de encarcelamiento, sin lograr resolver las causas subyacentes de la reincidencia. 

Las condenas que cada país impone por la misma conducta varían de forma significativa, lo que demuestra que, si bien todos los países hacen frente a los mismos dilemas con respecto a los comportamientos ilegales de sus ciudadanos, las respuestas son muy diferentes. 

Condenas por delitos relacionados con las drogas 

Más de dos millones de personas están encarceladas por delitos relacionados con las drogas, y casi un tercio de la población reclusa femenina ha sido condenada por este tipo de delito. De estos dos millones de personas, muchas de ellas han desempeñado un papel insignificante, fácilmente remplazable y con poco beneficio económico, dentro de las redes de delincuencia organizada; otras simplemente han sido detenidas en posesión de drogas para uso personal. 

El recurso excesivo a la prisión por delitos de drogas no ha logrado disuadir a los proveedores ni reducir el consumo, pero sí ha puesto una enorme carga sobre los sistemas de justicia penal. La aplicación de leyes más punitivas ha exacerbado los problemas económicos y sociales en las comunidades afectadas por altos niveles de pobreza, desempleo y drogodependencia. 

Sin embargo, en algunos lugares, están cobrando cada vez más fuerza las medidas de tratamiento terapéutico, ya sea dentro o fuera del sistema de justicia penal. La despenalización y la aplicación de penas más leves caracterizan ahora la política en materia de drogas de varios países del mundo. Nuestras recomendaciones relativas a las condenas impuestas por delitos de drogas están encaminadas a la adopción de un enfoque más proporcionado. 

Condenas anteriores 

El aumento de la población reclusa se ve agravado por el encarcelamiento de un gran número de delincuentes, a menudo de bajo nivel y, generalmente, no violentos. En la mayoría de los países, la ley prevé penas más estrictas para los delincuentes con condenas previas. Esto se debe a dos razones: los reincidente son más culpables, ya que no han respondido de la manera esperada a las penas anteriores y, además, es más probable que reincidan de nuevo. Por lo tanto, se aplican castigos más severos para hacer frente a este riesgo, lo que significa que a menudo se impondrá una pena de prisión cuando, de no ser por los antecedentes, se aplicaría una pena no privativa de la libertad.  

Es evidente que encarcelar a los reincidentes no tiene efectos positivos en la prevención de la reincidencia, aparte del efecto de inmovilización temporal. En prisión, no solo es difícil resolver los problemas subyacentes, como la drogodependencia, sino que, al dejar a las personas con menos oportunidades y con menos qué perder, se aumenta el riesgo de reincidencia. Nuestras recomendaciones relativas a las condenas impuestas están encaminadas a la adopción de un enfoque más justo y realista.  

Penas de prisión de corta duración  

La estancia en prisión por un periodo de corta duración desestabiliza la vida de las personas y rara vez ofrece perspectivas de intervención constructiva que aborden las causas de la reincidencia. Las penas cortas suelen aplicarse para castigar la reincidencia y, en algunos países, en los que las medidas no privativas de libertad son menos frecuentes, se utilizan incluso para sancionar a las personas que cometen delitos menores por primera vez. En ocasiones, las personas terminan en prisión por varias semanas o varios meses solo porque carecen de recursos para pagar una multa o para contratar un abogado que asegure su defensa.  

Nuestras recomendaciones van encaminadas a evitar el recurso excesivo a la prisión por periodos cortos y fomentar la adopción de medidas alternativas. 

Cadena perpetua 

De los once millones de personas privadas de libertad, casi quinientos mil están cumpliendo cadena perpetua, de una u otra forma, lo que significa que el Estado tiene el poder para encerrarlas de por vida. En algunos países, la cadena perpetua se impone obligatoriamente para ciertos delitos.  

El uso de esta pena ha aumentado de manera significativa durante los últimos años, lo que significa que se han ampliado los delitos por los que se impone ─o se obliga─. Esto se debe principalmente a la carrera política por el orden público. Sin embargo, en algunos países, como Brasil, este tipo de pena no existe; en otros, se aplica en ciertas ocasiones, por ejemplo, en los Países Bajos, una persona condenada por homicidio podría cumplir una pena de prisión de doce años, tras lo que se le brindaría un tratamiento psiquiátrico (si se considera que padece una enfermedad tratable). 

La cadena perpetua, sobre todo, cuando se impone con periodos de seguridad excesivos o sin posibilidad de libertad condicional, se considera inhumana, ya que tiene graves consecuencias en la salud mental debido a la incertidumbre o a la imposibilidad de recobrar la libertad, y al sentimiento de desesperanza que produce.  

Nuestras recomendaciones van encaminadas a reducir el uso de la cadena perpetua, eliminar la obligación de su aplicación y garantizar que se mantenga el principio de proporcionalidad de las penas para los delitos más graves, incluido el homicidio. 

Return to main project page