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Durante la
s últimas décadas se ha observado un aumento acelerado y constante de la población carcelaria, lo que se traduce en más once millones de personas privadas de libertad en el mundo, de las cuales más de tres millones se encuentra en prisión preventiva.
Si bien las causas de este incremento son complejas, muchas de sus consecuencias son bastante claras: sobrepoblación carcelaria y condiciones de vida inhumanas y degradantes. De acuerdo a sus propias medidas de capacidad, la mayoría de los sistemas penitenciarios de todo el mundo presenta problemas de sobrepoblación ─lo que afecta tanto la salud mental como física de los reclusos, pone en riesgo la seguridad de las prisiones y del personal, y reduce las probabilidades de reinserción─. Los países con mayores índices de sobrepoblación son Filipinas (con una tasa de ocupación del 460 %), Haití (450 %) y Guatemala (370 %).
El recurso excesivo al encarcelamiento no solo impone altos costos al erario público y afecta de manera desproporcionada a las personas pobres y a los grupos marginalizados de todas las sociedades, sino que además impide a los sistemas penitenciarios ocuparse de manera eficaz de la minoría de los reclusos que suponen un verdadero problema para la seguridad pública.
Cifras, índices y tendencias de la población carcelaria en diez países
Los países incluidos en el presente proyecto tienen grandes diferencias en cuanto a las cifras y los índices de población carcelaria (ver figura 1.) Estados Unidos cuenta con más de dos millones de personas privadas de libertad, la población carcelaria más alta del mundo, lo que equivale a una tasa de encarcelamiento de 639 (proporción de reclusos por cada 100 000 habitantes), una vez más, la más alta del mundo. Tailandia, cuya población carcelaria se eleva a 320 000, la octava más alta del mundo, tiene una tasa de encarcelamiento de 459 y una tasa de ocupación del 340 %.
Por su parte, India, donde casi medio millón de personas se encuentran privadas de libertad, tiene una tasa de encarcelamiento de solo 35 ─lo que la sitúa en el puesto 209 de las 223 jurisdicciones del mundo en la clasificación de tasas de encarcelamiento de World Prison Brief─. Otro aspecto destacable en cuanto a la población carcelaria de la India es que casi el 70 % de los reclusos son preventivos. Otros Estados como los Países Bajos y Kenia también tienen tasas de encarcelamiento relativamente bajas, 63 y 83 respectivamente.
Algunos de los diez países del proyecto han observado un crecimiento espectacular de la población carcelaria durante los últimos 40 a 50 años. El número de personas privadas de libertad en Estados Unidos se multiplicó por más de cuatro y pasó de casi medio millón de personas, en 1980, a más de 2.3 millones de personas, en 2008 (año en que alcanzó su pico), lo que aumentó la tasa de encarcelamiento de 220 a 775. La población carcelaria de Brasil se ha multiplicado por veinte y pasó de 30 000, en 1973, a más de 759 000 personas, lo que provocó un incremento de la tasa de encarcelamiento, que pasó de 32 a 357, durante el mismo periodo.
Las líneas de tendencias de la figura 2 revelan, sin embargo, que nada es imposible en términos de crecimiento de la población carcelaria: en los Países Bajos, durante los años 90 y principios de los años 2000, se observó un aumento de la tasa de encarcelamiento, tras el que se presentó un considerable descenso; el fuerte incremento de la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos ha retrocedido y la creciente tasa de Brasil parece haberse estabilizado.
Comprender las tendencias y las pautas de encarcelamiento
Como lo concluimos en los primeros resultados del proyecto de diez países, Prison: Evidence of its use and over-use from around the world, no existe una única causa que explique las tendencias y las variaciones de las tasas de encarcelamiento; las cifras de la población carcelaria, en un país y en un momento determinados, dependen de varios factores que se relacionan entre sí, como se muestra en la figura 3.
Entre los factores que pueden provocar un aumento de la población carcelaria se encuentra el debate público, las políticas cada vez más punitivas, la ampliación de las conductas consideradas delictivas, el endurecimiento de la ley, y los cambios en las pautas de la delincuencia. Dichos factores participan en el incremento del número de personas acusadas que comparecen ante los tribunales y en el mayor recurso a la prisión para las personas enjuiciadas. El aumento de la prisión preventiva es una de las tantas manifestaciones de las políticas punitivas y de las trabas de los procesos judiciales.
Si bien es cierto que existen muchos factores que fomentan, de manera directa o indirecta, el recurso al encarcelamiento, también existen otros que lo moderan o lo reducen. Por ejemplo, tanto en los países ricos como en los pobres, la escasez de recursos limita el uso de la prisión, por la sencilla razón de que las prisiones son caras. Además, se ha tomado cada vez más conciencia de que el encarcelamiento no es la mejor solución para resolver los problemas sociales, y que muchos de estos problemas encontrarían una respuesta más eficaz fuera del ámbito de la justicia penal. Por otra parte, algunos países, ya sea de forma abierta o encubierta, por motivos económicos o de otro tipo, han tomado la decisión política de frenar o reducir el recurso a la prisión.
La COVID-19 se suma a la lista de factores que favorecen la reforma penal y el desencarcelamiento. Al declararse la pandemia, algunos países decidieron reducir su población carcelaria para minimizar los riesgos sanitarios que supone la sobrepoblación. Pero aún está por verse hasta qué punto se mantendrán dichas medidas.
Reformas posibles
Así como no existe una única razón que explique las diferencias en el uso del encarcelamiento entre los países, tampoco existe una sola vía que nos conduzca hacia una reforma totalmente eficaz. Sin embargo, algo que sí está claro es que, para que las reformas sean exitosas, es necesario abordar varias cuestiones trasversales. Algunas de las prioridades estratégicas son:
- determinar la función del encarcelamiento y sus límites;
- reducir la politización de las sentencias;
- despenalizar los delitos menores y las infracciones contra el orden público;
- identificar y resolver los problemas de desproporcionalidad contra los grupos marginalizados a la hora de dictar sentencias y medidas de prisión preventiva;
- reformar la política de drogas e incluir la despenalización y la reducción de daños;
- asegurarse de que las medidas de prisión preventiva se apliquen únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible;
- analizar las repercusiones del uso excesivo de la prisión sobre la salud pública.