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Mientras en el año 2000, la población carcelaria mundial se elevaba a 8.7 millones de personas, hoy en día, supera los 11 millones. El aumento estable del número de personas privadas de libertad ha provocado un grave hacinamiento en las prisiones, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados. La mayoría de los sistemas penitenciarios en el mundo están sobrepoblados.
Debido a la falta de inversión en materia de personal, infraestructura y otros recursos necesarios, millones de reclusos en todo el mundo viven en pésimas condiciones de higiene, privados de atención sanitaria, bienestar y seguridad. Las repercusiones sobre la salud, no solo la de los reclusos y el personal, sino también la de los familiares y las comunidades, son graves. A menudo, las personas que ingresan en prisión tienen problemas de salud física o mental, que suelen empeorarse debido a las condiciones de reclusión o al simple hecho de estar privado de libertad.
La excesiva dependencia en la intervención de la justicia penal supone varios riesgos para la salud pública y la seguridad de la comunidad. Otras medidas que permitan luchar contra la injusticia social y las desigualdades en materia de salud podrían resultar más eficaces a la hora de reducir la delincuencia y mejorar las condiciones sanitarias.
Personas de edad avanzada privadas de libertad
La proporción de personas de edad avanzada privadas de libertad ha aumentado de manera constante. Entre 1990 y 2009, el número de personas en reclusión que tenían 55 años o más subió más de un 300 % en Estados Unidos. En los centros penitenciarios de Reino Unido, Australia y Japón, también existe una proporción elevada de personas mayores. Esto se debe, entre otras cosas, a que ahora se dictan más penas de cadena perpetua o de duración indeterminada, que los periodos de prisión preventiva se están alargando y que están entrando en prisión personas más mayores, una vez que se encausan delitos "históricos".
Las personas mayores privadas de libertad sufren de problemas de salud crónicos, tanto físicos, tales como enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión y deficiencias sensoriales, como mentales, ente otros, demencia, pérdida de memoria y depresión. Estas enfermedades pueden empeorar en prisión y suelen aparecer alrededor de 10 años antes en las personas que están en reclusión que en las que viven en sus comunidades.
Los centros penitenciarios no suelen estar equipados para cubrir las necesidades sanitarias y de protección de los reclusos de edad avanzada, lo que les convierte en un grupo aún más vulnerable al estar en prisión. Los riesgos adicionales para la salud que la COVID-19 presenta para las personas mayores privadas de libertad subrayan la importancia de tener sistemas de puesta en libertad anticipada coherentes y completos.
Reformas posibles
Los Gobiernos tienen la obligación de proteger la salud física y mental de las personas, por lo que deben ofrecer condiciones humanas dignas y proporcionar atención sanitaria y tratamiento adecuados. Sin embargo, la prisión no es un entorno propicio para tratar las enfermedades, y las personas privadas de libertad suelen sufrir, de manera desproporcionada, de mayores problemas de salud. Las prisiones sobrepobladas y sin recursos no pueden garantizar condiciones sanitarias favorables ni atención médica apropiada. Por lo tanto, la reforma penal debe comprender el tema de la salud, teniendo en cuenta las siguientes prioridades estratégicas:
- reducir la población carcelaria;
- reducir el número de personas con trastornos mentales que ingresan (o permanecen) en prisión;
- atender de forma adecuada las necesidades sanitarias de la comunidad (en particular, los problemas de salud mental, y el consumo de drogas y alcohol);
- mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, a los exámenes y a los tratamientos para las personas que deben estar en prisión;
- fomentar la salud y el bienestar de los reclusos; y
- garantizar condiciones de vida adecuadas y entornos saludables y seguros.